La obra del túnel de Belate, un proyecto estratégico de 76 millones de euros, se ha convertido en un asunto polémico que mezcla sobrecostes cuestionados, discursos contradictorios y presiones políticas. La Intervención General acaba de validar anomalías graves que ponen en peligro al gobierno navarro.
Un sobrecoste injustificado que reaviva el debate público
La Intervención General señaló que la solicitud de aumento de 8,5 millones de euros del contrato del túnel de Belate provenía de una UTE regional formada por Servinabar y Acciona. Este reajuste financiero parecía necesario por razones técnicas. Sin embargo, el informe establece que las condiciones invocadas no se cumplían en el marco de la solicitud. Las empresas habrían anticipado justificaciones inexistentes sobre la importancia de esta operación para introducir una modificación en su beneficio.
En el Senado, el consejero navarro Óscar Chivite había argumentado que esta modificación resultaba de los propios servicios administrativos, en particular del departamento de Industria y de la Delegación del Gobierno. Este relato se desmoronó cuando técnicos de la administración, comparecidos en el Parlamento de Navarra, declararon que sus unidades no eran responsables de estos cambios. La Intervención confirma esta contradicción y sugiere que el argumento de necesidad era débil o inexistente. Esta aclaración reaviva el debate sobre la gestión de los contratos públicos en Navarra, así como la vulnerabilidad de los dispositivos internos de control.
Preocupantes incoherencias técnicas y financieras
El informe aborda varios aspectos técnicos que han pesado en la revisión presupuestaria. En el momento de la licitación, la UTE afirmaba utilizar un explosivo fabricado in situ, solución menos costosa que no requería pólvoras clásicas ni polvorines, cuando finalmente los trabajos se basan en pólvora, lo que ha necesitado la construcción de polvorines con fondos públicos. Este cambio cuestiona la sinceridad de la propuesta inicial, ya que se trata de un coste que debería haber quedado a cargo de las empresas.
Las demás modificaciones conciernen las técnicas de excavación. La UTE solicita pasar a una técnica más costosa mientras sostiene que se trata de una opción más barata, lo que la Intervención ha señalado como modificación de la naturaleza misma del proyecto. Se suma el cambio del sostenimiento interior del túnel, según lo indicado por la Dirección de Minas, que resultó no estar fundado. El órgano de control también señala una inflación inusual del precio de las cerchas, susceptible de ocasionar pérdidas financieras graves para la Hacienda navarra.
Un asunto con implicaciones políticas de lo más delicadas
El asunto estalla en un clima político tenso, siendo el contrato de Belate objeto de una contestación que dura desde hace más de dieciocho meses debido a un supuesto retraso en la adjudicación, habiendo sido prolongado el presidente de la comisión de atribución en sus funciones más allá de la edad legal, suscitando críticas internas. La elección de la empresa Servinabar, que apenas estaba activa, refuerza la sospecha, estaría vinculada al ex número dos del PSOE, Santos Cerdán según la Guardia Civil, considerado como un hombre clave en numerosos expedientes de contratación pública.
Los socios gubernamentales, especialmente Geroa Bai y Bildu, exigen ahora explicaciones. El gobierno de María Chivite se encuentra bajo una presión cada vez más fuerte, mientras que el informe de la Intervención cuestiona la credibilidad de las críticas formuladas por la oposición. La obra, que tenía como objetivo mejorar la fluidez del tráfico, se convierte en símbolo de un control administrativo deficiente y de una tensión política persistente.
El asunto Belate es emblemático de una opacidad inquietante en los contratos públicos, y de efectos perjudiciales de decisiones técnicas tomadas de forma ampliamente insuficiente. El informe de la Intervención ilumina los fallos presupuestos y devuelve el debate político navarro a una zona de turbulencia duradera.